ANONG

Petición urgente: evitar desalojo sin alternativa en Asentamiento Nuevo Comienzo

Petición urgente:
Evitar desalojo sin alternativa en Asentamiento Nuevo Comienzo en Montevideo, Uruguay.
Respetar solicitud del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ONU

 

En enero de 2021, el caso de vulneración del derecho a la vivienda, y más concretamente la situación de posible desalojo de las familias asentadas en Nuevo Comienzo, en Santa Catalina en Montevideo, fue presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU bajo el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional que reconoce estos derechos (PF-PIDESC).

El Comité, siguiendo las reglas de procedimiento, admitió el caso para analizar y emitió medidas provisionales: “El Comité ha solicitado al Estado parte,…, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el Comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar alternativo, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus Familias.

Estas medidas provisionales son parte de las herramientas que prevé el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). Este tratado fue ratificado por Uruguay en 2013 y mediante esta ratificación, el Protocolo entró en vigor ese mismo año. Esto significa que gracias a Uruguay, quedó habilitado para utilizarse por parte de los habitantes de los países que lo ratifiquen.

A pesar de la solicitud de estas medidas y de que el Comité DESC ha dado un plazo de 2 meses para que el Estado envíe sus respuestas, el Poder Judicial ha dispuesto que 4 familias deberían desalojar los predios para el 4 de abril de 2021, sin ninguna alternativa habitacional. Este proceso involucra a más familias, las cuales podrían también ser desalojadas en las siguientes instancias.

Esto significa que el 4 de abril, estas primeras familias con niños y niñas irían a la calle, sin protección, sin acceso a nada, expuestas en la situación de pandemia y aún doblemente criminalizados por estar en la calle.

Ante esta situación donde el Estado no ha brindado respuestas acorde a la gravedad del caso, solicitamos a las autoridades:

Que el sistema de justicia de nuestro país aproveche la oportunidad de hacer cumplir los distintos derechos en juego en el caso, mediante el cumplimiento de suspensión del proceso de desalojo hasta tanto no haya respuesta de las autoridades responsables de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Que se abstenga de ocasionar un mal irreparable, evitando exacerbar las condiciones de precariedad de las familias asentadas en el contexto de la crisis por COVID19.

La justicia uruguaya en la figura de la fiscalía, tiene la oportunidad de ofrecer alternativas y demandar acciones de los organismos pertinentes, como el Ministerio de Vivienda, entre otros, para que una solución definitiva sea encaminada para estas familias.

Solicitamos al Estado honrar sus compromisos en materia de derechos humanos y que estas familias y esta comunidad no sean golpeadas con un desalojo sin alternativa, pues constituiría una violación a sus derechos humanos, que ocasionaría un daño irreparable, tal como el Comité ha solicitado que no se produzca.

El Estado es garante de los derechos humanos, es el sujeto obligado legalmente a actuar.

Si el sistema de justicia no garantiza el ejercicio de derechos de aquellos más vulnerables, entonces el sistema no ofrece garantías para el conjunto de la sociedad.

Más información:

  • En 2013, Uruguay ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) . Este protocolo es un mecanismo de reclamación a nivel internacional ante la violación o vulneración de los derechos contenidos en el Pacto.
  • El Estado uruguayo se obligó legal y voluntariamente a respetar este mecanismo y las resoluciones que puedan emanar de él, ante la presentación de un caso.
  • En 2017 Uruguay presentó su Informe periódico sobre la aplicación del Pacto DESC ante el Comité DESC. En esa oportunidad, la sociedad civil organizada también presentó un informe alternativo con sus observaciones sobre el estado de aplicación y efectivización de estos derechos
  • Entre varias recomendaciones, el Comité DESC observó con preocupación la utilización del delito de usurpación para casos de personas en situación de vulnerabilidad, donde su derecho a la vivienda no está garantizado. También observó al estado uruguayo por la utilización de la Ley de Faltas que criminaliza a personas en situación de calle ocupando espacios públicos.
  • En 2019, ante otro caso de proceso de desalojo que involucraba a mujeres jefas de familia con niños y niñas ocupando un inmueble céntrico. La INDDHH (Resolución 755/2019) solicitó a Fiscalía la elaboración de un protocolo ante casos de desalojos para generar una actuación que garantice que los organismos pertinentes articulen las acciones necesarias, de forma de respetar los derechos en juego, tomando en cuenta especialmente la situación de vulnerabilidad de las personas involucradas. Lamentablemente este Protocolo hasta el día de la fecha no ha sido implementado y con ello se continúan procesos de mayor vulneración y permitiendo que el Estado sea omiso ante sus obligaciones.
  • Este tipo de protocolos puede ser la diferencia sobre poder salir de situaciones de precariedad con consecuencias graves para la salud e integridad de grupos vulnerables. En el contexto actual, un protocolo en este sentido, puede salvar vidas.

Organizaciones firmantes:

ANONG/ CIEDUR/ CLADEM Uruguay/ Comisión Derecho a la Ciudad/ Comisión Plaza Uno/ Coordinadora Nacional de Asentamientos/ Cotidiano Mujer/ El Paso/ Federación COVIPRO/ FUCVAM/ IPRU/ TECHO Uruguay/ Universidad CLAEH

 

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