La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), con el apoyo de la Asociación Nacional de ONG orientadas al desarrollo (ANONG), realizó la 2da. Jornada sobre Derecho a la vivienda, hábitat y políticas públicas. Contó con la presentación de la Arq. Ivahanna Larrosa, especialista en DESCA, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay, CIEDUR).
Se inició el encuentro compartiendo las motivaciones y experiencias de las/los participantes, así como del contexto de la próxima presentación del Estado uruguayo ante el Comité DESC de Naciones Unidas, previsto para febrero-marzo 2026, en un diálogo constructivo sobre el cumplimiento de las obligaciones para garantizar la universalidad de estos derechos a todos los habitantes.
Es así que se reforzó la dimensión de exigibilidad del derecho a la vivienda. En palabras de Ivahanna: «como sujetos de derecho tenemos la legitimidad para exigir la acción del Estado: presupuestos, programas y políticas públicas que hagan realidad la vivienda para todxs las personas. Esto no significa que el Estado nos deba dar a todxs una casa de inmediato; significa que debe garantizar un marco y herramientas para que podamos acceder a una vivienda adecuada.»
El marco internacional y nuestro ordenamiento nacional sirven de guía en este objetivo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es uno de los pilares de este corpus de derechos. El Comité DESC vigila su implementación y ha desarrollado directrices concretas sobre qué hace que una vivienda sea adecuada: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios e infraestructura, y una ubicación que permita acceso a educación, salud, movilidad y empleo. También aborda desalojos forzosos y la no discriminación, con observaciones específicas sobre igualdad de género y otros principios de igualdad.
En nuestro país, la Ley 13.751/69 adopta ese marco y establece las obligaciones del Estado en reconocimiento de los derechos del Pacto. Asimismo, la Ley de Vivienda 13728 de 1968 incorpora el avance de la aprobación de planes quinquenales de vivienda, que hoy en día incluyen una mirada más integral de hábitat. Esto otorga una base legal para exigir que los planes sean trazados, financiados y monitoreados de manera transparente. Un tema central es la asequibilidad: la Organización de las Naciones Unidas recomienda que la vivienda no supere un porcentaje razonable de los ingresos familiares. Internacionalmente se sugiere no más del 30%; en Uruguay manejamos un umbral propio, más exigente, ya que se puede comprometer un menor porcentaje, como una referencia para subsidios y políticas públicas.
La realidad es que, pese a disponer de estos derechos y marcos, muchas personas siguen sin acceso a una vivienda adecuada. Por eso es crucial que, como sociedad, nos hagamos cargo de monitorear, exigir y participar en las políticas que definen dónde y cómo vivimos. Compartir experiencias, proponer acciones y pedir rendición de cuentas al Estado son pasos necesarios para cerrar brechas.
¿Qué acciones concretas propondrías para avanzar hacia una vivienda adecuada en tu comunidad? Podemos empezar por exigir: claridad en planes quinquenales, mecanismos de rendición de cuentas, subsidios que realmente reduzcan costos para las familias y políticas de vivienda que consideren la diversidad cultural y regional.
Plan quinquenal de vivienda 2025-2029