MAS ALLA DE LAS COMISIONES Y LOS TALLERES: EL SENTIDO DE LA PARTICIPACION Y LA CONSULTA

 

Semanas atrás he debido dejar el cargo de delegado de ANONG ante una comisión gubernamental que analiza la situación de parques nacionales y otras áreas a ser protegidas por sus valores ambientales. La decisión se debe en parte a las demandas de la agenda personal, pero también es una reacción ante la situación que vienen tomando los procesos de consulta, información y participación con el actual gobierno.

En las cuestiones ambientales, a diferencia de lo que sucede en otras áreas, existen desde hace años instancias formales de participación, consulta e información. Las dos más importantes son la Comisión Técnica Asesora en Medio Ambiente (COTAMA), que reúne a delegados de varios ministerios, empresarios y redes ciudadanas; la otra es el Grupo Ambiental de Montevideo, donde también están representados muchos sectores. La primera asesora directamente al ministro del ambiente, y tiene una larga historia ya que fue creada en la administración Lacalle. La segunda, instalada en la primera administración municipal de Arana, también tuvo una larga historia.

 

En la actual administración Vázquez se dio un paso importante al crear una Comisión Nacional Asesora sobre la temática de las áreas a proteger por su importancia ambiental. Un inicio auspicioso.

 Pero en los últimos tiempos, esa comisión, así como otras instancias, incluyendo la propia COTAMA, han entrado en un cierto declive y estancamiento. En el caso específico de la protección de áreas naturales el tiempo sigue pasando y no hay avances significativos en medidas concretas y sustantivas, a pesar de contar con un importante paquete de ayudas 

internacionales (proyecto GEF con el Banco Mundial, y cooperaciones con AECI y el gobierno francés). Buena parte de las acciones concretas han sido pocas, y hay muchos esfuerzos en propaganda y difusión. Sitios de enorme riqueza ambiental siguen bajo uso privado, otros no cuentan con guardaparques, algunos son objeto de disputas, pero entretanto se invierten cifras millonarias en folletos, videos, consultorías, etc.

 

 

 

En las últimas reuniones de esa comisión en las que he participado no se ha logrado discutir en profundidad estas cuestiones. De la misma manera, como delegado de ANONG también participo en el comité de seguimiento del proyecto GEF sobre áreas protegidas, donde una vez más queda en evidencia que los avances concretos han sido escasos, que algunas acciones se exageran, y falta claridad en las líneas de acción hacia el futuro. A mi modo de ver, y como he dicho en esos espacios, bajo este ritmo de trabajo, la financiación externa terminará, y su único resultado es tener muchos folletos, varios nuevos diagnósticos sobre la mala situación ambiental del país, y pocas o muy pocas acciones concretas.

Es cierto que esta Comisión en Areas Protegidas tiene algunos aspectos positivos, como su creación y la posibilidad de acceder a información del Estado, conocer la opinión de otras organizaciones de la sociedad civil, etc. Pero el problema es que la Comisión parece estancada y no hay avances. Temas clave, como la regulación del uso de los predios en áreas que han sido declaradas protegidas, son constantemente evitados en esa comisión, y el actual gobierno no realiza acciones concretas. Se repiten varias asesorías, pero se continúa enfrentando el problema de las regulaciones y control de las áreas. Resulta paradojal que en otras administraciones (como la de L A Lacalle), se impusieran controles y regulaciones ambientales en el uso de los predios para atender fines ambientales previstos por ley en los Bañados de Rocha, mientras que en el actual gobierno en los hechos parece que esa normativa se ha dejado de aplicar. Llegado a ese punto entiendo que las limitaciones superan a los beneficios que genera esa comisión.

Esta problemática no es un hecho aislado. A mi juicio la misma tendencia viene ocurriendo con la comisión más importante de participación en el tema ambiental, la COTAMA. El ritmo de reuniones de esa comisión ha caído, su efectividad está erosionada, y muchas veces la agenda de temas propuesta es de escasa importancia. En 2008, la Red Uruguay de ONGs Ambientalistas alertó sobre la falta de reuniones regulares de esa comisión y los problemas de lograr una agenda sustantiva. Otro tanto ha tenido lugar con la comisión ambiental montevideana, la que ha dejado de tener un nexo claro con el intendente, y se la ha ampliado a toda el área metropolitana.

En paralelo, la actual administración ha creado en los últimos meses varias comisiones ad-hoc, informales, de participación ciudadana, orientada en los más diversos temas, desde el consumo responsable al manejo de bolsas de plástico. Nadie puede estar en contra de promover un consumo sustentable, pero difícilmente se podrá lograr una agenda sustantiva en unos dos meses y con unos talleres intercalados. Esos espacios informales no pueden reemplazar a aquellos previstos en leyes, decretos y resoluciones.

Por lo tanto en lugar de fortalecer esas comisiones formales, como la COTAMA o la de áreas protegidas, se crean muchos pequeños comités ad-hoc, sin respaldo normativo, casi todas asociadas a proyectos de cooperación internacional, y donde tiene lugar antes que un proceso de participación sustantivo, apenas actividades de información.

Esta problemática no responde a desencuentros personales, y por el contrario, en el gobierno hay muchos amigos y la relación humana es cordial. Pero hay limitaciones en efectividad, en clarificar las agendas de trabajo, y en promover instancias de participación donde la sociedad civil pueda realmente incidir en la toma de decisiones. Por el contrario, en muchos casos corremos el riesgo que la presencia de delegados ciudadanos terminen legitimando instancias que no son efectivas. Es necesario un cambio de enfoque, donde esas comisiones no pueden ser un fin en sí mismo para cumplir algún requisito, sino que deben ser entendidas como un medio indispensable para mejorar la gestión pública, coordinar con la sociedad civil y lograr sus aportes y apoyos, lo que son imprescindibles para cualquier política pública.

 

Eduardo Gudynas